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COMUNICADO IPYS

Como es público, en el año 2014, Odebrecht fue un auspiciador de los Premios Nacionales de Periodismo, que entregan el IPYS y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El monto recibido por el IPYS para el lanzamiento y organización del premio en 2014 y parte del 2015, es de US$ 220,150. El convenio entre el IPYS y la empresa ​que circula en redes,  y que está tomado de nuestra página web, corresponde a un acuerdo por dos años, rescindido en junio del  2015, rescisión que fue publicada en su momento, ante las evidencias de corrupción de la empresa aparecidas en Brasil. A partir de junio de 2015 ​y hasta hoy, ​los Premios son auspiciados por otras empresas e instituciones, conforme puede apreciarse en  la web de esta actividad. Ninguno de estos auspicios comprometió la orientación de los premios ni la independencia del IPYS en el cumplimiento de su misión. 

Sentencia del TC sobre libertad de expresión no es vinculante para los jueces

 
ALERTA / 
Publicado el 09/12/2010
Sentencia del TC sobre libertad de expresión no es vinculante para los jueces

1. El fallo del Tribunal Constitucional sobre el Expediente Nº 00655-2010-PHC/TC hace un pronunciamiento impertinente en materia de libertad de expresión para resolver una causa planteada por Alberto Quimper, acusado en el caso de los “Petroaudios”. Quimper demandó declarar nula la instrucción de su contra alegando que se basa en una “prueba prohibida”: la afectación del derecho al secreto e inviolabilidad de sus comunicaciones. Siendo que aún no hay sentencia, el TC rechazó la pretensión porque solo puede pronunciarse sobre procesos concluidos. Sin embargo, el TC se valió ilegítimamente de la demanda para legislar sobre materias de libertad de expresión.

2. Al TC no se le pidió resolver si los medios de comunicación tienen amparo constitucional para difundir audios de interés público obtenidos ilícitamente por terceros. Tampoco podía determinar si el acto de difundirlos es delictivo. La calificación de un hecho como ilícito la define el Código Penal y los jueces penales ordinarios, nunca el TC, que es un juez constitucional. De modo que el TC se extralimitó no sólo respecto del objeto del proceso, sino además sobre sus competencias.

3. Trátase de un fallo no vinculante en lo que toca a la actuación de los medios. De acuerdo con el Código Procesal Constitucional, para que haya un precedente vinculante el TC debe decirlo así expresamente, lo que no ocurre. Y para que haya jurisprudencia vinculante, debe producirse una sucesión de sentencias en un sentido uniforme, reiterado y consolidado, y hasta ahora sólo existe este fallo insólito en materia de sanción a medios y periodistas. Por otra parte, en el Código Penal peruano no existe tipo penal alguno que sancione la difusión de conversaciones telefónicas ilícitamente obtenidas por terceros, que revelan asuntos de interés público. Por lo tanto, con esta sentencia los jueces peruanos no están obligados a considerar ilegítima o delictiva la divulgación por los medios de interceptaciones telefónicas sobre asuntos de interés público.

4. El fallo en cuestión cita sorprendentemente como sustento una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Escher y otros vs. Brasil, del 6 de julio de 2009. Pero dicha sentencia sanciona al estado brasileño porque interceptó ilícitamente las comunicaciones de dos organizaciones campesinas (tenía autorización judicial pero no participó al Ministerio Público), y porque luego agentes del Estado se encargaron de entregar a la prensa dichas comunicaciones. Esa es la divulgación ilegítima a la que se refiere la sentencia de la CIDH. Por ende, su campo de análisis es la actuación indebida de los agentes del Estado, tanto por interceptar ilegalmente, como por distribuir dichos contenidos a la prensa vulnerando la reserva judicial. En ninguna parte la CIDH se pronuncia por la ilegitimidad de la actuación de la prensa al haber divulgado conversaciones interceptadas ilícitamente por la policía. Y no podría ser de otro modo, dado que la CIDH sólo juzga la conducta de los Estados, con estándares que no pueden ser aplicados antojadizamente a los medios de comunicación.

5. Esta amplitud de su pronunciamiento y la falta de cuidado en diferenciar la difusión por los medios de conversaciones telefónicas privadas de aquellas de interés público, determina que este fallo del TC sea contrario a la libertad de expresión y a la garantía de prohibición de censura previa. De acuerdo a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, no es posible someter a ningún mecanismo de revisión o autorización previa, ni siquiera judicial, los contenidos que los medios y periodistas difunden. Toda responsabilidad por los eventuales excesos se juzga siempre con posterioridad a la difusión de los contenidos.

6. El IPYS patrocina un uso responsable por los medios de la información que puede afectar la intimidad, y repudia el involucramiento de la prensa en actividades ilícitas para vulnerarla. Al mismo tiempo defiende las garantías constitucionales para informar, que están plenamente vigentes a pesar del dislate del TC. A la fecha, no existe en el Perú prohibición o limitación alguna para que los periodistas o medios difundan conversaciones telefónicas que, a su juicio, revelen asuntos de interés público y que hayan sido obtenidos ilícitamente por terceros. El periodista sólo puede ser sentenciado penalmente si ha intervenido en la interceptación o participado de una conspiración criminal, independientemente del carácter público o privado de las conversaciones.

Lima 9 de diciembre del 2010

Ricardo Uceda Director Ejecutivo


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