Martes, 18 de junio de 2013
El Grupo Andino de Libertades Informativas, GALI, red subregional compuesta por organizaciones de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, expresa su profunda preocupación por la aprobación en el Ecuador de la denominada Ley Orgánica de Comunicación aprobada el día viernes 14 de junio por la mayoría de Gobierno en la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta ley impone restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico inaceptables en una sociedad democrática, por lo que el GALI insta al Presidente Rafael Correa a vetarla, de acuerdo con sus atribuciones.
El proyecto votado sin que mucho de su articulado haya sido debatido, pues fue introducido a última hora, contiene varios aspectos que ponen en situación de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa, y que van a contracorriente con los avances que se han experimentado en la Región durante los últimos años sobre el derecho a la libre expresión; entre otros:
- Códigos y normas deontológicas impuestas por Ley y que, por lo tanto, vulneran el principio por el cual, en ningún caso, las conductas éticas pueden ser impuestas por los Estados.
- La censura previa a través de inéditas figuras jurídicas de "linchamiento mediático", por la cual se prohíbe la difusión de información ligada a conceptos vagos y subjetivos.
- La creación de una Superintendencia de Información nombrada a partir de una terna enviada por el Presidente de la República, con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas.
- La conformación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con representación exclusiva de los poderes públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de comunicación social.
- La facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.
- La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación.
Por lo anterior, GALI hace un llamado a la comunidad internacional para que exprese su condena a lo que constituye la acción más reciente del Gobierno ecuatoriano en contra del periodismo pues instala la censura previa e impulsa una creciente autocensura.
Además, consagra la acumulación de medios en manos del Estado, alimentando una poderosa maquinaria de propaganda ajena al pluralismo que deben ejercer medios realmente públicos.
Descargar aquí la carta del GALI a Rafael Correa sobre este tema.
Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela
Fundamedios, Ecuador
Instituto Prensa y Sociedad, Perú
Incautan equipos a cuatro emisoras radiales
ALERTA /
Publicado el 01/12/2011
Incautan equipos a cuatro emisoras radiales
El 24 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. incautó los equipos a cuatro emisoras por considerar que no contaban con la debida habilitación administrativa y concesión. La medida se aplicó en el estado Monagas, en el nororiente del país.
Las emisoras sancionadas son Activa 93.9 FM, Digital 90.1 FM, Elim Estéreo 90.3 FM y Rema Estéreo 101.3 FM que funcionan en la ciudad de Maturín, capital de Monagas.
En un comunicado, el gerente de operaciones de CONATEL, Enrique Quintana, informó que las medidas cautelares aplicadas a las emisoras como la “suspensión de las actividades clandestinas” e incautación de los equipos “no afectan la libertad de expresión” y que “resguardan el derecho de quienes en el marco de la ley han sido habilitados para el uso del espectro radioeléctrico".
El director de Digital 90.1FM, Giuseppe Morreale, sin embargo, se sorprendió con la medida, ya que dijo que la emisora cumplía con lo establecido en la Ley y pagaba puntualmente sus impuestos, aunque reconoció que si bien operaban sin un permiso por parte de CONATEL, introdujeron con antelación los requisitos ante el organismo y cumplían con pagar los aranceles exigidos, mientras trascurre el plazo para la entrega de la habilitación. Y que al no obtener respuesta oficial del ente continuaron operando.